
El recorte de $7 mil millones al presupuesto del Ministerio Público para el año 2025, anunciado por el Gobierno en el marco de un ajuste general de $544 mil millones, ha generado una ola de críticas desde diversos sectores políticos. Esta medida, tomada en un contexto de creciente inseguridad en el país, ha sido catalogada como perjudicial para el combate al crimen organizado y la protección de la ciudadanía.
El ajuste presupuestario afecta directamente áreas consideradas críticas para el funcionamiento del Ministerio Público. En primer lugar, impacta los gastos en personal, dificultando el reemplazo de fiscales y afectando las investigaciones y la cobertura de salas de audiencia. Además, limita los recursos tecnológicos necesarios para combatir fenómenos criminales complejos, y reduce la capacidad de adquirir y mantener equipamiento esencial para la seguridad de fiscales, como chalecos antibalas y cámaras de vigilancia.
Desde la oposición, el diputado Andrés Longton, miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, anunció que citará a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para que explique los motivos detrás del recorte. Longton calificó la medida como un golpe directo a la lucha contra el crimen organizado, señalando que en un momento crítico para la seguridad, el Gobierno está disminuyendo el apoyo a las instituciones encargadas de enfrentar el delito.
En la misma línea, el senador de la UDI, José Miguel Durana, criticó duramente la decisión, cuestionando los criterios del Ejecutivo al no priorizar recortes en áreas de gasto innecesario o mal evaluadas, como el aumento injustificado de funcionarios públicos. Durana sostuvo que esta gestión refleja una falta de eficiencia en la administración de los recursos.
El oficialismo también se sumó a las críticas. El diputado independiente-PPD Jaime Araya, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, expresó su preocupación por el impacto que tendrá esta reducción presupuestaria en la capacidad de la Fiscalía para realizar investigaciones y garantizar la seguridad de los fiscales. Araya anunció la solicitud de una sesión conjunta de las comisiones de Seguridad y Hacienda para explorar posibles soluciones.
El senador socialista Juan Luis Castro también se manifestó en contra de la medida, calificándola de “despropósito”. Según el parlamentario, recortar los recursos destinados a la Fiscalía Nacional en un momento en que el país enfrenta altos niveles de delincuencia es una decisión que carece de lógica y que afecta directamente los esfuerzos para combatir la inseguridad. Castro hizo un llamado al Gobierno a revertir esta medida, argumentando que no tiene justificación frente a las prioridades actuales del país.
El recorte al Ministerio Público ha generado un amplio rechazo que trasciende las divisiones políticas, con llamados a reconsiderar la decisión para no comprometer la capacidad del Estado en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la ciudadanía.