La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que busca proteger a los consumidores de las llamadas no deseadas o «spam», otorgando el derecho a las personas de no recibir este tipo de comunicaciones. Las empresas que infrinjan la norma podrían enfrentar multas de hasta $66 millones.
La iniciativa, que combina dos proyectos presentados por los diputados Gonzalo Winter y Héctor Ulloa, establece que las comunicaciones comerciales o de cobranza deben contar con el consentimiento claro de los usuarios. Además, se fijan límites en la cantidad de llamadas o visitas de cobranza por semana.
El diputado Winter destacó que la aprobación de esta ley responde a una demanda constante de la ciudadanía para asegurar su tranquilidad, mientras que Ulloa subrayó el preocupante aumento de las llamadas de spam, que en 2022 llegaron a un promedio de 3.5 millones diarias, según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
