Este martes, el presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de promulgación de una nueva ley que reforma el Código Procesal Penal con el objetivo de modernizar el sistema de justicia, con un énfasis particular en la reincidencia. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, también estuvieron presentes en el evento.
La nueva ley busca endurecer las penas para los reincidentes y proporcionar herramientas más efectivas para combatir la criminalidad organizada. Este proyecto forma parte del «fast track» de 31 iniciativas de seguridad acordadas en mayo de 2023, de las cuales ya se han despachado 23.
Agravamiento de Penas: La reforma introduce una norma que agrava las penas para los condenados reincidentes, excluyendo el grado mínimo de la pena asignada al delito en caso de reincidencia. En una segunda reincidencia, se incrementa la pena en un grado.
Modificaciones al Código Penal y Procesal Penal: La reforma amplía las técnicas especiales de investigación, como la interceptación y grabación de comunicaciones, para abordar el crimen organizado. También se agilizan los juicios orales y se establecen medidas de protección para fiscales, jueces, víctimas, testigos y agentes policiales.
Cooperación Eficaz: Se introduce un estatuto para regular la cooperación eficaz, incentivando a imputados y condenados a proporcionar información para desarticular organizaciones delictivas durante la investigación y el juicio.
Tribunales de Tratamiento de Drogas: Se incorporan normas específicas para la regulación de estos tribunales.
Modificaciones en la Ley Nº 20.000: Se añade a Gendarmería de Chile y a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) como destinatarios de recursos decomisados.
Regulación Bancaria y Muestras Biológicas: Se limita el plazo para que los bancos entreguen antecedentes al Ministerio Público y se regula la toma de muestras biológicas para huellas genéticas de imputados en situación irregular, previa autorización del tribunal a solicitud de la Fiscalía.
Esta reforma marca un paso significativo hacia un sistema de justicia más eficaz y adaptado a las necesidades actuales en la lucha contra el crimen organizado y la reincidencia.
