El Gobierno de Australia, liderado por el primer ministro laborista Anthony Albanese, ha presentado una controvertida propuesta para limitar el número de estudiantes extranjeros en un esfuerzo por mitigar la crisis de vivienda que afecta al país. La iniciativa, que ha generado fuertes críticas, podría tener repercusiones significativas en la economía y la reputación internacional del sector educativo australiano.
La educación es un pilar fundamental en Australia, empleando a 250 mil personas y siendo el cuarto sector más importante de la economía. Sin embargo, desde el inicio de 2023, el gobierno ha implementado medidas para restringir la llegada de estudiantes foráneos, endureciendo los requisitos de idioma, incrementando las tarifas de visado y exigiendo a los solicitantes demostrar ahorros sustanciales de hasta 19.550 dólares. También se han modificado leyes migratorias para dificultar que los estudiantes extranjeros permanezcan en el país tras su graduación.
En mayo de este año, el gobierno presentó un proyecto de ley que propone imponer un tope al número de matrículas de estudiantes extranjeros, siguiendo el ejemplo de países como Reino Unido y Canadá. Este límite, cuya cifra exacta aún no ha sido revelada, afectaría a unos 15 mil proveedores de educación a partir del 1 de enero de 2025, considerando variables como el centro de estudio, la ubicación del campus y el curso.
El catedrático Andrew Norton, experto en políticas de educación superior, advirtió que esta medida podría tener un «efecto cascada» en la economía australiana y en su prestigio académico internacional. Norton señaló que las universidades dispondrían de menos recursos para investigación, lo que impactaría negativamente en su posición en los rankings mundiales y complicaría una posible recuperación futura del sector.
El «Go8», el organismo que representa a las principales ocho universidades de Australia, estimó que la implementación de este límite podría provocar pérdidas de 3.476 millones de dólares en la producción económica y más de 22.500 empleos. Entre las nacionalidades más afectadas por estas medidas se encuentran estudiantes de China, India, Nepal, Filipinas, Vietnam, Colombia, Brasil, Chile y España.
La propuesta del gobierno surge en medio de la creciente preocupación por la crisis de vivienda en Australia, con estimaciones que prevén una escasez de 252,800 viviendas para 2028. Aunque los estudiantes extranjeros representan solo el 4% del mercado inmobiliario, el conservador Instituto de Asuntos Públicos (IPA) ha vinculado esta crisis con la inmigración, especialmente de aquellos con visados de estudiante. No obstante, el Consejo de Alojamiento de Estudiantes ha argumentado que otros factores, como el aumento de hogares pequeños y la reconversión de dormitorios en oficinas domésticas, también contribuyen a la escasez.
La medida propuesta por el gobierno de Albanese sigue generando debate, mientras los sectores afectados y los expertos evalúan sus posibles consecuencias a largo plazo para Australia.
