El Gobierno anunció la noche de este miércoles el inicio del proceso de caducidad contra la empresa Enel debido al extenso corte de luz que ha afectado a miles de usuarios durante los últimos seis días.
El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, informó que 18.513 personas están sin suministro eléctrico desde el 1 de agosto, 42.491 desde el 2 de agosto, 8.406 desde el 3 de agosto y 7.275 desde el 4 de agosto. «Si sumamos estos días, hay cerca de 75 mil clientes sin suministro desde los primeros días de agosto, de los cuales 50 mil están en la Región Metropolitana», precisó Monsalve.
Enel se comprometió formalmente con el Gobierno a reducir en 20 mil el número de clientes sin suministro para el jueves, compromiso que fue destacado por Monsalve.
El ministro de Energía, Diego Pardow, declaró que se ha iniciado el proceso de caducidad de Enel, que comprende varias etapas. La primera de ellas es un requerimiento que funciona como ultimátum, estableciendo condiciones de servicio que deben ser cumplidas en un plazo determinado.
«Considerando que ya se nos ha presentado el tercer plan de recuperación y que los dos anteriores no se cumplieron, no puede haber una tercera vez. Este plan se segmentará en periodos de 24 horas y cada 24 horas se monitoreará mediante un requerimiento», añadió Pardow.
El primer requerimiento es la conexión de 20 mil clientes, según el compromiso formal de Enel con el Gobierno. Monsalve subrayó la importancia de este compromiso y advirtió que su incumplimiento constituiría una falta inexcusable.
Si en las próximas 24 horas no se logra conectar a 20 mil clientes, «el procedimiento pasará a su siguiente fase administrativa, que es la fase adversarial. Esto se trata de poner a las personas primero y esperamos que esto no ocurra», afirmó Pardow.
El secretario de Estado concluyó enfatizando la preocupación del Gobierno por la situación, señalando que es inaceptable pedir a los consumidores chilenos que paguen sus cuentas de electricidad cuando el servicio de distribución ha sido incompetente e indolente. «No podemos exigir a los clientes que cumplan con sus obligaciones cuando las empresas han fallado en su parte del trato tácito con la ciudadanía», añadió
